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Para hacer frente a los efectos de la revaluación de su moneda, el Gobierno argentino ha decidido cerrar su mercado, impidiendo que los productos que provienen del exterior puedan entrar libremente a la Argentina.
En particular, el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha adoptado una serie de medidas restrictivas a las importaciones buscando evitar que disminuya el superávit comercial, que ha sido pieza fundamental de su modelo económico, pero que se ha estado desmoronando desde el 2009. En ese año, la balanza comercial cerró con un saldo positivo de US $ 17.000 millones, en el 2010 la cifra disminuyo hasta situarse en los US $ 11.600 millones, en el 2011 continuo cayendo y se estima que en el 2012 puede llegar a un saldo positivo de tan solo US $ 6.500 millones.
Para evitar esta situación el gobierno ha decidido obligar a las empresas a exportar bienes argentinos por un valor similar a las importaciones que pretendan realizar, estableciendo lo que han dado en llamar el “trueque comercial”.
Igualmente, el año pasado, el gobierno argentino comenzó a administrar las importaciones mediante un sistema de Licencias no Automáticas, sistema en el cual los importadores deben presentar una factura proforma de los productos a importar y el gobierno dispone de 60 días hábiles para responder si acepta o no la solicitud de importación. A través de este mecanismo el gobierno le envía la señal a los importadores de que no aprobara importaciones que superen el 80% del valor de las importaciones que efectúo la compañía el año inmediatamente anterior.
A partir del 1o de febrero de este año el gobierno estableció un proceso denominado DJAI (Declaración Jurada Automática de Importación), mediante el cual el importador debe presentar una factura proforma y el gobierno en el término de 10 días corrientes decide si aprueba o no dicha importación.
Estas medidas han generado fuertes reacciones de los socios comerciales de Argentina, en especial de Brasil, Uruguay y Chile. Por su parte, la Cámara de Importadores de Argentina (CIRA) ha señalado que entre el 20% y el 30% de las solicitudes de DJAI son rechazadas y que los permisos son otorgados por Guillermo Moreno, el poderoso Secretario de Comercio Interior, de forma arbitraria.
En el caso del comercio con Colombia, diversas empresas exportadoras han expresado su preocupación por la situación que enfrentan en sus operaciones de venta a Argentina. Ello, a pesar de que las cifras de comercio son ampliamente favorables para Argentina. De acuerdo con las cifras correspondientes al año 2011, las exportaciones de Colombia al mercado argentino llegaron a los 301 millones de dólares, mientras que las importaciones provenientes del país gaucho ascendieron a 1.872 millones de dólares, con un claro superávit de 1.571 millones de dólares en favor de Argentina.
El tratamiento que el gobierno argentino le esta brindando a las solicitudes de importación de productos colombianos no se compadece con esta realidad y por tal motivo la Asociación Nacional de Comercio Exterior – Analdex solicitó formalmente al Gobierno Nacional a través del Ministerio de comercio, industria y turismo un pronto acercamiento con la contraparte del gobierno argentino para analizar la situación del comercio entre los dos países y mostrar como, en el caso de Colombia, el objetivo que persigue el gobierno argentino de lograr un superávit comercial se cumple de manera extraordinaria.
“Las medidas restrictivas a las importaciones adoptadas por el gobierno argentino, violan el principio de reciprocidad que fundamenta la relación comercial entre dos países. Colombia debe buscar su restablecimiento o pasar a su aplicación con base en el trato que su socio le esta otorgando”, afirma Javier Díaz Molina, Presidente Ejecutivo de Analdex.
