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A tres años de expedición de la ley de TIC, le llegó la hora al Gobierno Nacional de cumplir los compromisos con la política de telecomunicaciones regional y rural, que favorezcan el uso y despliegue de la infraestructura instalada por los operadores fijos regionales de telecomunicaciones, con capital público– privado, tal como la desarrollada sobre la banda de 900 Mhz para la prestación de servicios fijos-inalámbricos.
Más de 100 mil millones de pesos ha invertido EDATEL desde la expedición de la ley de TIC, para lograr una verdadera convergencia entre servicios fijos e inalámbricos, buscando complementar las tecnologías en beneficio de todos los usuarios ubicados en los municipios y zonas rurales de los departamentos de Antioquia, Córdoba, Sucre, Cesar y Santander. Lo que buscamos es democratizar la conectividad para que hoy llegue el internet y la televisión a los hogares de menores ingresos, beneficiar a las pymes y el sector institucional, ubicado en estas regiones.
Sin embargo, las últimas medidas regulatorias tomadas por el Gobierno Nacional desfavorecen el clima de negocios y ponen en riesgo los recursos públicos invertidos en compañías regionales de telecomunicaciones, como EDATEL, al igual que los empleos de miles de colombianos y el bienestar general de nuestras regiones.
Estamos gravemente afectados por decisiones tales como la eliminación progresiva de la remuneración del uso de las redes departamentales, que implica una expropiación indirecta de las redes con un efecto en los estados financieros de más del 20 por ciento de los ingresos de la Compañía; la falta de prórroga de las frecuencias de la banda de 900 Mhz, donde se prestan los servicios inalámbricos afectarían más de 22.000 usuarios de servicios inalámbricos (voz y datos) con crecimientos de 2000 mensuales y la conectividad de las instituciones educativas de los Municipios y Departamentos de nuestra cobertura.
Asimismo, la ausencia de subsidios para usuarios rurales, de una política pública para masificar el uso de internet en el ámbito rural y la falta de asignación de espectro en bandas bajas para los operadores regionales, afectan el desarrollo de las regiones del país y favorecen las empresas multinacionales que cuentan con el espectro necesario, en bandas altas y bajas, para prestar sus servicios, pero que sólo llegan a estas regiones con recursos que les entrega directamente el Gobierno Nacional (Telefónica –Movistar y Comcel-Telmex).
Es por esto que la Gerente General de EDATEL, Beatriz Elena Henao Quintero, manifiesta el apoyo a las recientes declaraciones de Ramiro Tafur, Gerente de Emcali, en el marco de la exposición de la propuesta de escisión del componente de telecomunicaciones de Emcali, donde solicita que se debe garantizar el acceso al espectro en bandas bajas y reconocer el servicio de televisión sobre el protocolo de internet (IPTV). De esta forma, las empresas regionales podrán prestar servicios convergentes, fijo-móvil, internet fijo-móvil y televisión de calidad y a precios asequibles. Reclama al Gobierno Nacional el cumplimiento del compromiso adquirido años atrás, e igualmente llama la atención de la necesidad de definir una política pública para el cierre de la brecha digital de las zonas rurales del país.
Es determinante equilibrar el campo de juego. De otra forma, el país terminará en manos de una o, en el mejor de los casos, de dos empresas de capital privado 100% extranjero y se perderían además los esfuerzos e inversiones de años en la construcción de empresas que apalancan el desarrollo regional en los departamentos de su área de cobertura.
