Según el último reporte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, las empresas prestadoras de 642 municipios del país no han reportado a la entidad sus planes de contingencia, en acueducto y alcantarillado, para la temporada invernal del 2012.
De acuerdo con la Superservicios, las empresas prestadoras y las alcaldías de todo el país deben prepararse e implementar sus planes de contingencia para enfrentar la nueva temporada invernal que se avecina y prevenir así daños en la infraestructura y evitar la suspensión de la prestación de los servicios públicos domiciliarios.
El costo de los daños causados por el Fenómeno de la Niña, años 2010-2011, a los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo del país asciende a los 676 mil millones de pesos.
De acuerdo al seguimiento adelantado por la superintendencia a los prestadores, sólo empresas que atienden en 433 municipios reportan planes de contingencia para prevenir o evitar emergencias por el invierno y asegurar el suministro de agua y el servicio de alcantarillado. El mayor número de los prestadores que tienen planes de contingencia están ubicados, principalmente, en los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Boyacá, Cundinamarca, Santander y Norte de Santander.
Responsabilidad
La ley establece que los alcaldes deben garantizar la prestación de los servicios públicos en cada uno de sus municipios. El Decreto 093 de 1998, “por el cual se adopta el Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres”, determina que es obligación de las autoridades locales y departamentales, evaluar los riesgos, amenazas y vulnerabilidades con fines de prevención y mitigación. El Decreto también ordena hacer el inventario de posibles amenazas y riesgos en las regiones. Los municipios que no cumplan con sus obligaciones podrían ser objeto de sanción por parte de la Procuraduría General de la Nación.
Contexto ABC: 900 municipios del país resultaron afectados con la temporada invernal del 2011. Bolívar, Córdoba, Magdalena, Atlántico, La Guajira, Caldas, Quindío y Risaralda, fueron los departamentos con más zonas vulnerables a los fenómenos naturales, por consiguiente, donde más se afectó la prestación de los servicios públicos.
